El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) ha dictado el 21 de octubre de 2026 la sentencia 1635/2026 (recurso 3635/2026, ponente Pedro José Vela Torres), la primera que resuelve en casación una reclamación de daños de ganaderos por el cártel lácteo. El Alto Tribunal confirma la sentencia de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de diciembre de 2025, que fijó el daño en el 2 % del precio cobrado por la leche cruda y descartó el informe pericial de los demandantes.
La demanda se presentó en junio de 2022 ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Barcelona por un amplio grupo de explotaciones ganaderas (SAT El Cruce n.º 39060 y otros) contra Danone, Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) e Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva). Reclamaban entre 22,5 y 38,1 millones de euros, sin intereses, según el informe de Oxera, por el periodo 2000-2014.
El juzgado desestimó la demanda por prescripción. La Audiencia Provincial la revocó y condenó a las tres empresas a pagar el daño que se determine en ejecución de sentencia, calculado como un 2 % del infraprecio. El Supremo ha desestimado todos los recursos de casación: los de los ganaderos y los de CAPSA y Danone; el de Industrias Lácteas de Granada ya había sido inadmitido.
1. El informe pericial de los ganaderos no resiste la crítica. La Sala considera que la Audiencia explicó con detalle, en más de veinte apartados, por qué el método de Oxera no era fiable: se apoyó en la Guía de la CNMC, asumió las críticas de los peritos de las demandadas (Frontier, Kroll y RBB), razonó que la deflactación introducía una tendencia artificial y destacó que el mismo modelo aplicado a Francia, donde no hubo práctica colusoria, arrojaba un infraprecio semejante. Para el Supremo, eso cuestiona gravemente la robustez del método y la valoración no es arbitraria.
2. El daño existe y las demandadas no lo desvirtuaron. La Audiencia rechazó también los informes de las empresas, de modo que mantuvo la existencia del daño. La condena no se apoya solo en la resolución de la CNMC, sino en una valoración propia y razonada de la prueba.
3. La estimación judicial del 2 % es válida. Cuando las periciales no permiten una cifra precisa, el tribunal puede estimar el daño si razona cómo llega a ella. Aunque el informe de los demandantes no se tomó en cuenta, supuso un esfuerzo probatorio suficiente para acudir a la estimación judicial. La Sala considera que el 2 % no es arbitrario sino proporcional, por la duración de la participación de cada empresa, la cuota conjunta de mercado (en torno al 50 %, muy inferior a la de los cárteles clásicos), la discontinuidad temporal de la colusión y la heterogeneidad de los precios reales.
4. Sin cuestión prejudicial al TJUE. Rechaza plantearla: unas cuestiones están ya resueltas por la jurisprudencia europea, otras se refieren a la valoración de la prueba, y el efecto paraguas está resuelto en la sentencia Kone (C-557/12), que exige acreditar las circunstancias concretas del mercado.
El Supremo también confirma que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que la resolución de la CNMC de 11 de julio de 2019 es firme, cuando se han interpuesto recursos que pueden alterar su contenido. La segunda resolución modificó de forma esencial el alcance temporal de la primera, anulada en 2016, por lo que no cabe contar el plazo desde 2015. Esta doctrina sigue la de los cárteles de los camiones y de los sobres y la jurisprudencia del TJUE.
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