La Plaza n.º 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Fonsagrada (Lugo), en sentencia 6/2026, de 22 de enero, ha estimado en primera instancia la demanda presentada por este despacho, ha declarado el dominio de 48 fincas, con una superficie conjunta de 235,25 hectáreas, resultantes de la división de un monte abertal de varas del Ayuntamiento de A Fonsagrada, y ha ordenado su inmatriculación en el Registro de la Propiedad a favor de sus respectivos propietarios. Las cifras proceden del auto de aclaración de 23 de octubre de 2026, que corrigió la descripción de varias fincas. La sentencia no es firme: hay dos recursos de apelación pendientes y quedan por resolver pequeñas aclaraciones en la descripción de algunas fincas. Más allá del caso concreto, interesa el camino: un juicio declarativo permite lograr lo que de ordinario se tramita en un expediente de dominio ante notario, precisamente cuando este resulta inviable por la extensión de la propiedad, el número de colindantes o la falta de títulos claros.
Durante generaciones, este monte abertal de varas perteneció en proindiviso a las casas del lugar, cada una con su cuota. Este proindiviso ancestral había sido partido en fincas hacía más de 20 años entre los comuneros con un plano georreferenciado, pero no lo habían documentado correctamente, pese a que cada uno ocupaba sus propias fincas.
Ninguna de esas fincas tenía título público ni constaba inscrita en el Registro. A ello se sumaban circunstancias que hacían inviable la vía notarial:
El monte abertal no debe confundirse con el monte vecinal en mano común. Este pertenece a la agrupación vecinal como grupo social y se aprovecha en comunidad «sin asignación de cuotas» (artículo 56 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia). En el monte abertal, en cambio, la propiedad corresponde a personas o casas determinadas, cada una titular de una cuota, y por ello admite su división entre los comuneros. Esa naturaleza privada es la que permite acudir al Registro, pero obliga a probar la titularidad de cada comunero y de sus sucesores.
a) El expediente de dominio notarial (artículo 203 de la Ley Hipotecaria). Es la vía ordinaria. Exige, entre otros requisitos, título de propiedad del promotor, certificación catastral descriptiva y gráfica coincidente con la descripción de la finca, la notificación a titulares catastrales, poseedores, colindantes, Ayuntamiento y Administración titular del dominio público que pueda verse afectado, y la publicación de edictos en el Boletín Oficial del Estado.
b) La sentencia declarativa (artículo 204.5.º de la Ley Hipotecaria). Permite inmatricular «en virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo». El juicio debe reproducir todas las garantías del expediente notarial, pero dentro de un proceso con plazos y trámites rígidos. En este caso, la sentencia declara expresamente cumplidos esos requisitos: emplazamiento de colindantes, causahabientes y Ayuntamiento, y edictos en el Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado.
La diferencia decisiva está en el tratamiento de la oposición:
En este asunto, la oposición y la reconvención planteadas no impidieron que el proceso llegara a sentencia, que las desestimó. Además, el proceso permitió cerrar por acuerdo, homologado judicialmente, el deslinde con un monte colindante, cuestión que en sede notarial habría bastado para frustrar el expediente.
Merece destacarse la implicación del tribunal. Dictada la sentencia, el juzgado accedió por auto de aclaración a corregir pequeños defectos en la descripción de algunas fincas, casi inevitables cuando se describen cerca de medio centenar con sus coordenadas y linderos, para facilitar su acceso al Registro. Quedan aún por resolver algunas aclaraciones de este tipo. Es la justicia actuando como servicio público esencial: no se limita a resolver la controversia, sino que procura que su pronunciamiento sea plenamente eficaz y alcance un objetivo que por la vía notarial habría resultado imposible.
La sentencia describe cada finca con su superficie y linderos, georreferenciada sobre la cartografía catastral, con plenos efectos legales. Por eso la inscripción no es un mero trámite. Para grandes propiedades, fincas rústicas o extensiones de terreno mal documentadas, ofrece una protección que ningún documento privado proporciona:
El resultado es una propiedad exactamente delimitada, con menos margen para futuros conflictos de linderos y con instrumentos ágiles para defenderla.
Cuando la dimensión de la finca, el número de propietarios, la falta de títulos o la previsible oposición de terceros hacen inviable el expediente de dominio notarial, la sentencia declarativa del artículo 204.5.º de la Ley Hipotecaria es una alternativa sólida. Exige cumplir en sede judicial todas las garantías del artículo 203, pero ofrece una ventaja decisiva: la oposición se resuelve en sentencia y, si es infundada, tiene coste para quien la formula. Y, una vez inscritas, las fincas quedan georreferenciadas y amparadas por la legitimación registral, lo que protege sus linderos aunque desaparezcan los mojones y permite reaccionar con rapidez frente a cualquier usurpación.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Si se encuentra en una situación similar, puede contactar con el despacho.