Inmatriculación judicial de 48 fincas y 235 hectáreas de un monte abertal: cuando la vía notarial no es posible

Inmatriculación judicial de 48 fincas y 235 hectáreas de un monte abertal: cuando la vía notarial no es posible


La Plaza n.º 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Fonsagrada (Lugo), en sentencia 6/2026, de 22 de enero, ha estimado en primera instancia la demanda presentada por este despacho, ha declarado el dominio de 48 fincas, con una superficie conjunta de 235,25 hectáreas, resultantes de la división de un monte abertal de varas del Ayuntamiento de A Fonsagrada, y ha ordenado su inmatriculación en el Registro de la Propiedad a favor de sus respectivos propietarios. Las cifras proceden del auto de aclaración de 23 de octubre de 2026, que corrigió la descripción de varias fincas. La sentencia no es firme: hay dos recursos de apelación pendientes y quedan por resolver pequeñas aclaraciones en la descripción de algunas fincas. Más allá del caso concreto, interesa el camino: un juicio declarativo permite lograr lo que de ordinario se tramita en un expediente de dominio ante notario, precisamente cuando este resulta inviable por la extensión de la propiedad, el número de colindantes o la falta de títulos claros.

1. El supuesto de hecho

Durante generaciones, este monte abertal de varas perteneció en proindiviso a las casas del lugar, cada una con su cuota. Este proindiviso ancestral había sido partido en fincas hacía más de 20 años entre los comuneros con un plano georreferenciado, pero no lo habían documentado correctamente, pese a que cada uno ocupaba sus propias fincas.

Ninguna de esas fincas tenía título público ni constaba inscrita en el Registro. A ello se sumaban circunstancias que hacían inviable la vía notarial:

  • Extensión: 235,25 hectáreas.
  • Número de fincas: 48, de superficies muy diversas, algunas discontinuas por cursos de agua y otras en proindiviso.
  • Número de titulares: diez casas, varias de ellas comunidades hereditarias, cuyos títulos sucesorios hubo que acreditar.
  • Colindantes: un elevado número de titulares colindantes, un monte vecino y Administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento y el organismo de cuenca, por los cauces que atraviesan el monte.
  • Oposición: una de las codemandadas se opuso y formuló reconvención para que se declarase la nulidad de la división de 2000.

2. Monte abertal y monte vecinal: una distinción necesaria

El monte abertal no debe confundirse con el monte vecinal en mano común. Este pertenece a la agrupación vecinal como grupo social y se aprovecha en comunidad «sin asignación de cuotas» (artículo 56 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia). En el monte abertal, en cambio, la propiedad corresponde a personas o casas determinadas, cada una titular de una cuota, y por ello admite su división entre los comuneros. Esa naturaleza privada es la que permite acudir al Registro, pero obliga a probar la titularidad de cada comunero y de sus sucesores.

3. Dos vías para inmatricular: notarial y judicial

a) El expediente de dominio notarial (artículo 203 de la Ley Hipotecaria). Es la vía ordinaria. Exige, entre otros requisitos, título de propiedad del promotor, certificación catastral descriptiva y gráfica coincidente con la descripción de la finca, la notificación a titulares catastrales, poseedores, colindantes, Ayuntamiento y Administración titular del dominio público que pueda verse afectado, y la publicación de edictos en el Boletín Oficial del Estado.

b) La sentencia declarativa (artículo 204.5.º de la Ley Hipotecaria). Permite inmatricular «en virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo». El juicio debe reproducir todas las garantías del expediente notarial, pero dentro de un proceso con plazos y trámites rígidos. En este caso, la sentencia declara expresamente cumplidos esos requisitos: emplazamiento de colindantes, causahabientes y Ayuntamiento, y edictos en el Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado.

4. La fortaleza del procedimiento judicial frente al notarial

La diferencia decisiva está en el tratamiento de la oposición:

  • En el expediente notarial, basta que cualquier interesado formule oposición «con expresión de la causa en que se funde» para que el notario dé por concluso el expediente y archive las actuaciones (artículo 203.1, regla sexta, de la Ley Hipotecaria). La oposición, por infundada que sea, no tiene coste para quien la plantea, pero inutiliza el trabajo y el gasto del promotor, que queda remitido a un juicio declarativo.
  • En el procedimiento judicial, la oposición no paraliza el proceso: el juez la examina y la resuelve en sentencia. Quien ve rechazadas sus pretensiones soporta, como regla general, las costas (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En este asunto, la oposición y la reconvención planteadas no impidieron que el proceso llegara a sentencia, que las desestimó. Además, el proceso permitió cerrar por acuerdo, homologado judicialmente, el deslinde con un monte colindante, cuestión que en sede notarial habría bastado para frustrar el expediente.

Merece destacarse la implicación del tribunal. Dictada la sentencia, el juzgado accedió por auto de aclaración a corregir pequeños defectos en la descripción de algunas fincas, casi inevitables cuando se describen cerca de medio centenar con sus coordenadas y linderos, para facilitar su acceso al Registro. Quedan aún por resolver algunas aclaraciones de este tipo. Es la justicia actuando como servicio público esencial: no se limita a resolver la controversia, sino que procura que su pronunciamiento sea plenamente eficaz y alcance un objetivo que por la vía notarial habría resultado imposible.

5. Qué protección obtiene el propietario

La sentencia describe cada finca con su superficie y linderos, georreferenciada sobre la cartografía catastral, con plenos efectos legales. Por eso la inscripción no es un mero trámite. Para grandes propiedades, fincas rústicas o extensiones de terreno mal documentadas, ofrece una protección que ningún documento privado proporciona:

  • Linderos que no dependen de mojones. Cada finca queda descrita por coordenadas georreferenciadas. Si desaparecen los marcos, los muros o los cierres, el lindero puede replantearse sobre el terreno a partir de esas coordenadas.
  • Presunción legal de dominio y de delimitación. Se presume que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, y que este los posee (artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Inscrita y coordinada la representación gráfica, la presunción alcanza también a la ubicación y delimitación geográfica de la finca (artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria). Quien discuta la titularidad o los linderos deberá destruir esa presunción.
  • Defensa rápida frente a ocupaciones. El titular inscrito puede ejercitar sus acciones reales a través del juicio verbal frente a quien, sin título inscrito, se oponga a su derecho o perturbe su ejercicio (artículo 41 de la Ley Hipotecaria y artículo 250.1.7.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Frente a la invasión de un colindante, no es preciso volver a probar desde el principio la propiedad ni la extensión de la finca.

El resultado es una propiedad exactamente delimitada, con menos margen para futuros conflictos de linderos y con instrumentos ágiles para defenderla.

6. Por qué es un caso relevante

  • Por la superficie declarada: 235,25 hectáreas.
  • Por el número de fincas, 48.
  • Por el número de titulares, sucesores y colindantes que hubo que identificar y emplazar.
  • Por la falta de títulos públicos: el título fue un documento privado de división.
  • Por haberse resuelto pese a la oposición y a la reconvención.
  • Por la georreferenciación de todas las fincas sobre la cartografía catastral, que protege sus linderos.

Conclusión

Cuando la dimensión de la finca, el número de propietarios, la falta de títulos o la previsible oposición de terceros hacen inviable el expediente de dominio notarial, la sentencia declarativa del artículo 204.5.º de la Ley Hipotecaria es una alternativa sólida. Exige cumplir en sede judicial todas las garantías del artículo 203, pero ofrece una ventaja decisiva: la oposición se resuelve en sentencia y, si es infundada, tiene coste para quien la formula. Y, una vez inscritas, las fincas quedan georreferenciadas y amparadas por la legitimación registral, lo que protege sus linderos aunque desaparezcan los mojones y permite reaccionar con rapidez frente a cualquier usurpación.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Si se encuentra en una situación similar, puede contactar con el despacho.